Desde la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria y teniendo en cuenta, las reiteradas denuncias de vecinas y vecinos sobre el accionar violento y arbitrario de quienes representan e integran Instituciones de “seguridad” de nuestra comunidad, REPUDIAMOS y nos ponemos a disposición para trabajar, con todos y todas los funcionarios y representantes de organizaciones intermedias, en eliminar practicas lamentables, malos tratos y abusos de poder por parte de las Instituciones Policiales, que, de ninguna manera, serán aceptadas y naturalizadas por este Gobierno Municipal.
No es No!!!, y el límite de cualquier “Protocolo” de seguridad, es la aplicación de medidas violentas y arbitrarias contrarias a derecho y violando los Derechos Humanos, reconocidos por nuestra Constitucional Nacional y los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional.
La creación de nuestra Dirección de DDHH, por parte del poder ejecutivo, procura consolidar la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales y colectivas.
La violencia institucional es aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica, ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en regimiento de una persona o grupos de personas.
Entendemos a los derechos humanos como un repertorio de libertades y derechos inherentes a cada uno de los seres humanos sobre la base de su igualdad y dignidad personal y social. Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Debemos tener presente que la idea de bien común o de vida buena -que es lo que desde el paradigma de los derechos humanos sustenta la idea de comunidad- no puede desconocer las desigualdades sociales y mucho menos desatender el hecho de que esas desigualdades tienen consecuencias diferenciales para distintas personas y grupos de personas. Tanto las situaciones socioeconómicas de pobreza y exclusión social como el género operan como variables amplificadoras de las desigualdades. Dentro de este marco, las violaciones y vulneraciones de derechos se intensifican para aquellas personas que, en determinado momento, presentan determinaciones existenciales marcadas por estas variables.
Hemos solicitado una reunión con el Concejo Deliberante para articular, en conjunto, acciones concretas para resguardar y cuidar a nuestra comunidad de cualquier acto de violencia institucional o abuso de autoridad, vulnerando los derechos básicos de cualquier Ciudadana y Ciudadano. La vigencia plena de estos derechos, desde su promoción y protección hasta el juzgamiento y reparación en los casos de violaciones, sólo puede ser producto de acciones mancomunadas. El compromiso asumido por el Estado Municipal en relación a la protección y promoción de los derechos humanos requiere, entonces, del compromiso constante de los distintos actores sociales, en procura de evitar cualquier práctica violatoria de los Derechos Humanos por parte de las Instituciones.
